Sin lugar a dudas, la pobreza estructural es la causa fundamental del fenómeno, ya que, acosados por el desempleo y la marginalidad, las familias y los adultos acuden a estrategias de supervivencia que incluyen el sacrificio de los niños, que se transforman en adultos prematuros, cargados con la obligación del sustento económico.
Pero también hay otras causas, en muchos casos, decisivas. Entre ellas, la desestructuración afectiva del entorno de la niñez que la deja a la deriva, la existencia de valores que tienden a legitimar el trabajo infantil y, finalmente, la propia debilidad institucional y jurídica que no permite una protección efectiva de sus derechos.
En este contexto, la educación parece constituir una palanca estratégica para revertir buena parte de estos procesos. Generalmente, los niños, niñas y adolescentes trabajadores, o no se escolarizan o lo hacen en condiciones de extrema precariedad. A ello contribuyen la baja valorización que la educación tiene en el ámbito familiar y las propias deficiencias de los sistemas públicos de educación.
Por tanto, si se logra retener al niño trabajador dentro del proceso educativo al tiempo que se mejora la calidad educativa, se logra erradicar o atenuar fuertemente el trabajo infantil tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo porque genera otro entorno social y afectivo para el niño y otros valores en su medio. A largo plazo, porque evita que se reproduzcan de manera ampliada las condiciones de exclusión que avivan la hoguera en la que diariamente se queman los sueños y derechos de muchos niños, niñas y jóvenes.
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